Las políticas públicas de tierras y vivienda social en el Uruguay – La experiencia de la Intendencia Municipal de Montevideo (1990-2004) – La cartera de tierras

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En las últimas décadas, asociado a las políticas de ajuste y a la globalización, se produce un fuerte incremento en las condiciones de la pobreza urbana en el Uruguay.

La precariedad o falta de empleo, los bajos salarios, el nivel de necesidades básicas insatisfechas vinculadas a la vivienda, el acceso a la educación y servicios básicos, la inseguridad ciudadana, son todos indicadores del nivel de insatisfacción de grandes sectores de nuestra población, con consecuencias en la conformación socio-espacial del territorio.

Esto nos lleva a reflexionar a un nivel más amplio sobre el papel del Estado, el mercado y la sociedad civil, en el marco de un concepto de gobernancia que habilite a un desarrollo sostenible e integrado, y en particular sobre la aplicación de las políticas de tierras, (naturalmente vinculadas con las de vivienda), en Montevideo.

Para ello, se propone una introducción al tema, realizando un breve análisis histórico a partir de principios del siglo XX, para concluir con el período de afianzamiento del modelo económico pautado por los lineamientos del Consenso de Washington de 1989, de desregulación financiera y apertura económica, que coincide con la llegada al poder del Gobierno Departamental de Montevideo de una fuerza política de izquierda, en oposición al Gobierno Central de la Nación.

En este escenario, las políticas públicas de tierras y vivienda, en especial las que afectan a los sectores sociales más bajos, adquieren fundamental importancia en la estructuración de la ciudad y en el modelaje del perfil de la sociedad.

Los distintos programas, acciones y proyectos desarrollados en áreas centrales, intermedias, periféricas y rurales por parte de la IMM, surgen como respuesta a las fuertes demandas y necesidades de la población, apoyados en políticas definidas y plasmadas en Decretos de la Junta Departamental de Montevideo y Resoluciones del Intendente Municipal, en el contexto y condiciones que predominaron durante toda la década de los ’90, caracterizada por un alto grado de incertidumbre y fuertes contradicciones de tipo conceptual.

Contradicciones en la aplicación de las políticas públicas, a las que no fueron ajenas las políticas de tierras, desarrolladas al margen de planes integrales o de desarrollo, y disociadas de los criterios definidos en los Planes Directores (coincidente con el descreimiento generalizado en la planificación que se da en el mundo a partir de los años ’80 en beneficio de la desregulación) sin perjuicio de que posteriores revisiones realizadas en Planes Estratégicos, afirmaban la necesidad de detener el avance de la mancha urbanizada propiciando el afincamiento poblacional en las áreas centrales e intermedias de la ciudad que poseen todos los servicios y un importante y calificado stock edilicio.

Sin embargo, no es sino hasta fines de 1998 con la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que la planificación vuelve a recuperar espacio y lentamente comienza a incidir en la gestión del territorio. Resulta significativo entonces investigar ese proceso, materializado en el período 1990-2004, teniendo en cuenta la postura ideológica y conceptual reflejada en los Decretos de la Junta departamental y Resoluciones del Intendente de Montevideo, que dieron lugar a una importante inversión económica en diferentes programas aplicados en el territorio con diversos resultados.

Finalmente, se concluye el trabajo con una serie de reflexiones que puedan constituir un aporte al debate y contribuyan a afianzar la implementación de una política de tierras y vivienda con un alto grado de consenso en la sociedad, dirigida a un objetivo central que es lograr la inclusión socio- urbana de los habitantes de Montevideo.

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Publicado por | 29 de marzo de 2016 - 18:49 | Actualizado: 3 de agosto de 2023 - 18:58 | PDF